TIJUANA.- La incidencia delictiva presenta una tendencia en Baja California es a la alza con un 7% de enero a agosto, comparado con el mismo periodo de 2016, reveló el presidente del CCSPBC, Juan Manuel Hernández Niebla.

En ese mismo periodo, se ha registrado un aumento del 41% en robo de vehículo, en robo a comercio de 45%, robo con violencia 7%, así como en el número de homicidios con 91% en todo el Estado, situación que preocupa a ciudadanos, estableció.

Estas estadísticas fueron expuestas durante la Primer Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California CCSPBC, en las Instalaciones del Centro de la Cultura de la Legalidad en Tijuana, donde se presentó el Plan de Trabajo al Gobernador del Estado Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

Durante la presentación del Plan de Trabajo, se expuso al Gobernador la preocupación por la falta de políticas públicas sostenibles en materia de seguridad y la necesidad de blindar las fuerza policiales a largo plazo, no podemos permitir que cada 3 o 6 años la seguridad pública se reinvente; debemos blindar los nombramientos de los Secretarios, Directores de Seguridad Pública Municipal y Estatal, así como la Procuraduría; con el objetivo de promover la continuidad a las acciones que contribuyan al combate a la delincuencia.

Juan Manuel Hernández, recalcó que el Sistema Acusatorio Adversarial vigente en la entidad, parece que no está funcionando debido a la falta de capacidad para investigar los delitos, y el exceso de garantías por parte de los jueces promoviendo con ello la impunidad convirtiéndose en una puerta giratoria para que los delincuentes entren y salgan.

Además dijo que se requiere de mecanismos para medir el trabajo de la Procuraduría de Justicia del Estado, y del tribunal Superior de Justicia en Baja California. Tan solo desde que inicio el NSJP, 10 jueces que han dejado en libertad a 145 delincuentes por supuestas detenciones ilegales o faltas administrativas.

El Presidente del CCSPBC, hizo un llamado al Gobernador, para que los programas de prevención y atención al delito no se politicen y que los programas preventivos tengan la continuidad que se requiere aunado a la coordinación en la aplicación de los programas para generar acciones contundentes; no es posible que se invierta tanto dinero en prevención y que los resultados no se ven reflejados en el combate a las adicciones, ni al resquebrajamiento del tejido social.